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8月30日 Convocatoria a EL OTRO SEMINARIO Segundo módulo 11, 12 y 13 de Septiembre, 2009.
LiBeRtAd! autonomía! autogestión! horizontalidad! jóvenes en resistencia alternativa 8月28日 LOS PARAMILITARES DICEN QUE NO SON PARAMILITARESJavier Hernández Alpízar
Unos con uniforme militar, otros con camisetas rojo-priistas En un espot sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos usaron el son cubano “Los que son y no son”, cantado por Ñico Saquito. Más que profecía debió ser advertencia, porque en México los derechos humanos “son y no son”: son de papel y no se respetan, existen de palabra pero no de hecho, sirven para que Washington chantajee al gobierno mexicano so pretexto del Plan Mérida. ¿Dinero por nada? Peor, dinero por sumisión.
Otros que se hacen como que la virgen les habla son los paramilitares, y lo mismo sus defensores, abogados y plumas a la carta: los paraintelectuales. En Colombia hay “para-todo” (allá el prefijo “para” es usado para expresar nexos con los paramilitares): paramilitares, parapolíticos, para-narcotraficantes. En México hay para-intelectuales. El CIDE, Confraternice, Hugo Eric Flores Cervantes, todos ellos niegan defender a paramilitares, pero no cejan en su empeño de defender paramilitares. El gobierno “progresista” de Chiapas –llevado al triunfo por López Obrador– da hospedaje, alimentación, ofrece vivienda y apoyo a los paramilitares, liberados porque la PGR deliberadamente armó mal los expedientes contra ellos. ¿Quién lleva la cuenta de los delincuentes que salen libres todos los días por la misma causa? Y los CIDES y Confraternices ¿los van a defender a todos? Por todo ello no es raro que los paramilitares también digan que no son paramilitares. En Chiapas los paramilitares, como los derechos humanos, “son y no son”. La dialéctica de Ñico Saquito impera en el camaleonismo de paramilitares, parapolíticos y paraintelectuales. En el reportaje “Las botas de Dios”, escrito por Isaín Mandujano (16 de agosto de 2009), corresponsal de Proceso en Chiapas, integrantes del grupo denominado “Ejército de Dios”, perteneciente a la iglesia “Alas de Aguila”, quienes reciben adiestramiento físico y paramilitar, portan uniformes e insignias y se organizan en estructuras y mandos militares, niegan ser “paramilitares” y dicen que su única arma es la Biblia. Argumentan que se organizaron así (con entrenamiento y estructura militar) para “defenderse”. En cuanto los conozcan Ricardo Raphael, Aguilar Camín y González de Alba serán seguramente de todas sus simpatías: pero si usan el lenguaje de los paramilitares colombianos, las llamadas “Patrullas de Autodefensa Civil”. El grupo paramilitar aludido ya cometió un homicidio, contra indígenas adherentes a la Otra Campaña. El 21 de julio de 2009, en la comunidad de Mitzitón, atropellaron y mataron a Aurelio Díaz Hernández. Además hirieron a los indígenas Fernando Heredia Heredia, a quien le quebraron el brazo a garrotazos; Javier Gómez Heredia, a quien le quebraron una pierna pasándole una camioneta encima; Raymundo Díaz Heredia, fracturado de un pie por la llanta de una camioneta; José Heredia Jiménez, herido en la cabeza con garrotazos y piedras; Marcelino Jiménez Hernández, también fracturado en el pie derecho por la llanta de una camioneta. Para ser lectores de la Biblia, son hábiles usando garrotes, piedras y vehículos como armas para herir y matar. Tienen toda la protección del gobierno perredista de Juan Sabines Guerrero, y ahora militan en la Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI. Washington ha desclasificado documentos que evidencian el apoyo del Zedillo a los paramilitares. Y la responsabilidad de todos aquellos que han protegido en diversos momentos a los “paras” chiapanecos va quedando clara. La complicidad de los gobiernos federal y chiapaneco, los partidos políticos y la Corte (dejémosla sin adjetivos, la SCJN) los ha envalentonado a tal grado que se dedican a mandar cartas “aclaratorias” a Proceso y La Jornada, e incluso invitan a Granados Chapa a platicar en privado, el columnista aceptó platicar con Flores Cervantes, abogado de los paramilitares liberados, y probablemente escribirá algo al respecto. Su “empoderamiento” es tal que el líder evangélico de la Iglesia Alas de Aguila y del grupo paramilitar Ejército de Dios ha demandado al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y a Hermann Bellinghausen por difundir las denuncias de los agredidos en Mitzitón. Piden investigar la “calidad migratoria” de Herman Bellinghausen. Y las complicidades del grupo paramilitar Ejército de Dios no son solamente priistas, más allá del apoyo y la complacencia del candidato del lópezobradorismo Juan Sabines, durante el tiempo en que fueron expulsados del PRI, pertenecieron al PRD. Recién regresaron al PRI vía la CNC. Asimismo, en el curriculum político del defensor de los paramilitares detenidos por la masacre de Acteal, Hugo Eric Flores Cervantes, figuran su paso por el CIDE; por la Semarnat, donde fue destituido por una causa que el gobierno (convenientemente) ha reservado por tres años; la fundación de Encuentro Social, que le permitió usar dinero del IFE para publicar su libro sobre Acteal, la Biblia para Aguilar Camín; su acercamiento electoral al PAN y ahora al PRI; pero también su alianza electoral con Convergencia en 2003 (sí, el partido de los progresistas Dante Delgado y AMLO). En un país donde el Ejército puede detener a cualquiera que porte algún elemento militar, sean unas botas o una casaca, los paramilitares del Ejército de Dios portan el ajuar completo. Aparecen en fotos en La Jornada y Proceso. Dan entrevistas explicando su estructura y mandos: el “comandante general” Esdras Alonso González, el “general” Alvaro Alonso González, y no pasa nada. Para lavar su imagen usan la Biblia y el lenguaje religioso tantas veces manchado con manoseos fascistoides. En Guerrero, por el contrario, soldados que revisaron un autobús, detuvieron al pasajero Fausto Saavedra Velara. El chofer, temiendo la desaparición forzada del detenido, pidió a los militares que firmaran un papel como constancia de que se llevaban al pasajero. Los soldados se negaron, y al retirarse el vehículo dispararon. Mataron a un pasajero, Bonfilio Rubio Villegas. ¿La causa de la violencia y abuso? El detenido, el indígena Fausto Saavedra, portaba unas botas tipo militar que, los agresores dijeron, son de “uso exclusivo del ejército”. En Chiapas, no sólo usan botas. El “Ejército de Dios” se organiza militarmente, mejor: paramilitarmente. Ya han matado a un indígena y herido a otros. ¿Hay algún castigo? No, pero los afilian a la CNC y el PRI les abre de nuevo los brazos, después de su estancia como hijos pródigos en el PRD. Y todavía algunos creen que “no están dadas las condiciones para el fascismo”. 8月26日 Declaración de Matías RomeroLos días 14, 15 y 16 de agosto se celebro en rincón viejo Petapa, zona de Matías Romero, Oaxaca, la Asamblea Nacional del Movimiento Agrario Indígena Zapatista con la presencia de 150 delegados y delegadas de organizaciones regionales y estatales de totonocapan, centro y sur de Veracruz, Mixteca, istmo y valles centrales de Oaxaca, Huasteca de San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, DF, Querétaro y del valle de Tehuacan, Puebla, quienes aprobaron la siguiente: Al pueblo de México A las organizaciones campesinas democráticas A los pueblos indios de México
Nuestro país vive sumido en una profunda crisis que no solo es económica, ya que también tiene grandes impactos sociales y políticos. Esta crisis sin lugar a dudas se agudizara en los próximos días con los crecientes recortes impuestos por el gobierno federal al gasto social principalmente al relacionado con programas que tienen una aplicación directa en sectores más vulnerables de la sociedad.
Estos recortes se ven expresados más claramente en las decenas de miles de jóvenes rechazados en su acceso a las universidades públicas, en la falta de atención a las demandas y necesidades de los pueblos indígenas y campesinos, en la falta y perdida de empleos en el campo y la ciudad, y en el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas y negocios. crisis que afecta con particular fuerza a las mujeres, quienes tienen la responsabilidad de sacar adelante a más del 30% de las familias en México. Múltiples hechos nos demuestran que la clase política no es sensible a esta situación y no mide la dimensión de esta crisis económica, tal como se manifiesta con el gasto desmedido en el pasado proceso electoral, de más de trece mil millones de pesos, lo que sería suficiente para resolver problemas de vivienda y proyectos de producción para el campo. en este mismo sentido el gobierno calderonista que se autoproclamo como “presidente del empleo” no tiene un proyecto definido para hacer frente a esta crisis económica, la única medida que ha tomado es la de militarizar el país en un combate obsesivo al crimen organizado, violando los derechos humanos de la población al utilizar al ejercito como policía, hecho que lo denigra y es violatorio de la constitución federal. La gobernabilidad se basa en la criminalización de los movimientos sociales y la persecución de los que disienten de las políticas antipopulares. Asumiendo un claro desprecio a la legalidad y a las instituciones. En medio de esta crisis los banqueros y las grandes empresas en su mayoría extranjeras, son las únicas que ganan, y tienen grandes utilidades , obtenidas con sus negocios al amparo del gobierno y en detrimento de la planta productiva nacional, siendo incapaz el gobierno de poner un alto a su voraz ambición.
De manera concreta esta crisis se expresa en el campo mexicano, con el abandono de la tierra por la creciente migración hacia las grandes ciudades y los estados unidos de norteamérica, por la falta de programas de capacitación, desarrollo, financiamiento y tecnificación del campo, y el recorte a los programas existentes como es el caso del PROCAMPO, alianza para el campo y del presupuesto para proyectos productivos, tal como sucede con los proyectos de apoyo a los pueblos indígenas, concretamente de los programas de producción de maíz, de infraestructura comunitaria, y de apoyo a las radios comunitarias a las que el gobierno pretende desmantelar y han sido sujetas de persecución y asesinato de algunos de los responsables y conductores d como es el caso de la radio de San Juan Copala, pueblo Triqui de Oaxaca.
Ante este panorama, económico, político y social por el que atraviesa nuestro país, la Asamblea Nacional del Movimiento Agrario Indígena Zapatista “MAIZ”, reunidos los días 14,15 y 16 de agosto en la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, acordamos; Primero: impulsar un frente nacional de organizaciones campesinas con el objeto de exigir que no sufra recortes al presupuesto para el campo para el año 2010, y la implementación de una política que tenga como eje la soberanía alimentaría, lo que requiere de acciones tales como, créditos baratos y oportunos a los campesinos y productores, apoyos al mejoramiento de vivienda en el campo, servicios básicos, educación y salud, el impulso a los proyectos productivos para mujeres, con el objeto de mejorar de manera substancial los ingresos de los campesinos y sus familias, para buscar evitar la migración.
Segundo: promover la defensa de los derechos humanos de los campesinos y campesinas y de los pueblos indios, exigiendo respeto a su territorio, cultura y formas de organización frente a la expansión de megaproyectos tales como zonas turísticas, represas, parques eólicos, autopistas, tendidos eléctricos y explotación minera, los cuales significan verdaderos despojos y atentan en contra de la naturaleza. no manifestamos en contra de las políticas implementadas por la actual administración que en lugar de respetar a los pueblos indígenas y campesinos, lo que hace es despojarlos de sus recursos en aras de un desarrollo del cual somos excluidos.
Tercero: rechazamos la criminalización de los movimientos sociales, ya que el gobierno federal en abierta violación a la constitución nos persigue y encarcela, incluso se nos asesina, protegiendo así los intereses rapaces de pequeños grupos ligados al capital extranjero.
Cuatro: nos pronunciamos por una revisión al apartado agropecuario del tratado de libre comercio de América del Norte “TLC”, por el reconocimiento de derechos plenos de los mexicanos que viven y trabajan en los estados unidos de América. Cinco: nos pronunciamos por la defensa de nuestro maíz y semillas criollas, por lo que nos manifestamos en contra de los transgénicos y sus siembras experimentales.
Pronunciamiento:
Nos pronunciamos en contra de la represión de los pueblos indígenas y campesinos y sus ejidos, que luchan por el respeto a sus derechos y recursos naturales, ya que perseguidos y encarcelados por los gobiernos federal y estatales, destacando los casos del ejido la venta, Juchitan, Oaxaca, San Antonio Ebulà, Campeche, Playa de Chicajan, Veracruz, La Candelaria, Campeche, Lomas del batan, Amacueca, Jalisco, Yosotato, Oaxaca, las pesadas, Cuautitlan, Jalisco, y villas de San José, Vistha, San Juan del río, en Querétaro.
Exigimos la inmediata liberación de los compañeros Elmer Castellanos, Guadalupe Borjas, Sara Lopez Gonzalez, Guadalupe Lizcano y Joaquín Aguilar, presos en Campeche por protestar contra las altas tarifas eléctricas. Demandamos el cese del hostigamiento en contra de los compañeros de Xadani e Ixtepec, Oaxaca, que se oponen a las altas tarifas eléctricas.
Denunciamos el hostigamiento y clima de represión en que vive el pueblo Mixteco de san pedro Yosotatu, Oaxaca, pueblo que fue despojado de sus tierras, y ha sufrido el asesinato de sus dirigentes ejidales. Hoy de nueva cuenta la banda de asesinos que liderea Andres Castro, respaldado por el gobernador Ulises Ruiz, amenaza con un baño de sangre e imponer autoridades ejidales. Esta asamblea nacional manifiesta su solidaridad plena al movimiento social hondureño y condena la escalada represiva que viene implementando el gobierno golpista de Micheletti.
Matías Romero, Oaxaca., 16 de agosto de 2009. Asamblea Nacional Movimiento Agrario Indígena Zapatista Por la coordinación Nacional Alejandro Cruz Juárez, Angel Pérez Silva, Enrique becerra arias, Fortunato Torres de Alba, Carlos Beas Torres, Omar Esparza Zarate, Alberta Cariño Trujillo, Juan Olmedo Daza. 8月18日 ¿QUÉ PASA EN EBULÁ?13 DE AGOSTO, 2009
Desde las 11 de la noche del día anterior se apreció una intensa movilización policiaca que anunciaba los preparativos. El día de hoy fueron desalojados de sus casas los pobladores de San Antonio Ebulá, Campeche. Este desalojo fue realizado por un grupo de paramilitares protegidos por los elementos de las policías estatales y municipales. Much@s compañer@s y sus familias se han refugiado en el monte y se teme por su seguridad. En la ciudad de Campeche los propios medios de comunicación comentan la ilegalidad de la acción y de los reclamos de Eduardo Escalante por querer aparecer como propietario de las tierras.
14 DE AGOSTO, 2009 Golpeadores y policías desocupan predio en Campeche; ocho heridosUn grupo de choque integrado por al menos 100 personas desalojó esta mañana la comunidad San Antonio Ebulá, erigida en terrenos que presuntamente pertenecen al empresario constructor Eduardo Escalante Escalante, padre de María de los Ángeles Escalante Castillo, viuda del finado secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo. La expulsión dejó como saldo al menos seis lesionados a golpes, entre ellos un niño, y dos heridos de bala, así como dos detenidos y 50 chozas destruidas e incendiadas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Campeche acudieron a evitar desmanes, y aunque no participaron en el desalojo, resguardaron el área que reclama el empresario; sin embargo, los colonos, adherentes a la otra campaña, aseguran que se trata de terrenos nacionales. La operación se inició alrededor de las cinco de la madrugada, cuando los golpeadores, vestidos de playeras amarillas y naranjas y con el rostro cubierto, obligaron a los habitantes a abandonar las viviendas de madera y cartón, las cuales derribaron con dos tractores. Los colonos respondieron con piedras y bombas molotov, lo que originó un zafarrancho que dejó cuatro heridos, dos del grupo de choque, quienes recibieron disparos de arma de fuego, según la SSP. Los golpeadores, al parecer empleados de una empresa de seguridad privada, aunque no portaban uniformes ni credenciales, entraron a San Antonio Ebulá a bordo de camionetas de la constructora Escalante. Junto con ellos iban los dos tractores. Hubo un primer enfrentamiento a la entrada del poblado, donde los comuneros levantaron una barricada e incendiaron unas llantas para posteriormente replegarse al monte al verse superados en número. Los tractores cruzaron la barricada y dos pobladores fueron golpeados con piedras en la cabeza, por lo que respondieron con bombas molotov. El grupo de choque empezó a destruir las chozas y derribó decenas de árboles. El director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Manuel Salgado Serrano, informó que recibió un reporte del Centro de Comunicación y Comando de la SSP de que había disparos de armas de fuego y un enfrentamiento en San Antonio Ebulá, por lo que se trasladó al lugar junto con 50 antimotines, pero no participaron en el desalojo, sino que sólo evitaron que hubiera más enfrentamientos. Reportó que dos elementos de seguridad privada resultaron lesionados con armas de fuego y fueron trasladados al hospital general de la capital de Campeche. Alrededor de las ocho de la mañana las casas habían quedado destruidas o reducidas a cenizas; en el centro del poblado quedaron estacionados los tractores, resguardados por los elementos de seguridad privada y acordonados por la PEP. Fueron detenidos Ranulfo Ramírez Naal y su hijo Francisco Ranulfo, quienes denunciaron que fueron atacados en sus casas y aprehendidos por la policía. Armados con machetes, palos y piedras, los agentes de seguridad privada sitiaron los terrenos y colocaron barricadas para impedir el regreso de los “invasores”. El abogado de los colonos, Jorge Cocom, aseguró que no había razones legales para el desalojo, pues han ganado varios amparos al empresario Eduardo Escalante –padre de la diputada local electa Ana Martha Escalante Castillo, del Partido Revolucionario Institucional–, quien no ha podido acreditar con documentos que es el legítimo propietario de los terrenos, por lo que fue “un exceso” que los juzgados le otorgaran la orden de desalojo. Agregó que ninguno de los sujetos reclutados para la agresión mostró documento alguno que avalara la expulsión. “Lo peor es que el delito fue atestiguado por un numeroso grupo de policías, que no hicieron nada para detener a los porros”, comentó. Gonzalo Huicab, Felipa Pech, Román García y Gerardo Cab, personas de la tercera edad, narraron que los invasores ni siquiera les avisaron que iban a desalojarlos, y a destruir sus viviendas. “Salimos a refugiarnos en el monte cuando escuchamos el escándalo y los disparos de ellos. Dejamos en nuestras casas todas nuestras cosas y nuestro dinero. Ya no tenemos nada”, afirmó uno. También negaron que los colonos tuvieran armas de fuego o que hubieran hecho disparos. “Es una estrategia del empresario Escalante para detener a más personas”, sostuvo el abogado Jorge Cocom. http://www.jornada.unam.mx/2009/08/14/index.php?section=estados&article=030n1est
16 DE AGOSTO, 2009 Impiden a desalojados de Ebulá regresar a comunidad Los habitantes de la comunidad San Antonio Ebulá –ubicada en las inmediaciones de esta capital– que fueron desalojados de sus viviendas el jueves pasado intentaron regresar este mediodía al poblado, pero no pudieron acercarse pues un grupo de choque que resguarda el predio colocó barricadas y montones de tierra en el único camino de acceso. Los afectados dieron a conocer que Félix Quen Pech, de 76 años, está desaparecido, y lo vieron por última vez el jueves, cuando se cubría con unas láminas para no ser detectado por los sujetos armados que desalojaron San Antonio Ebulá –bajo la mirada de efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal–, presuntamente pagados por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien fue suegro del anterior secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. En protesta por el desalojo, los colonos iniciaron un plantón permanente ante el palacio de gobierno, y bloquearon durante 20 minutos la avenida 16 de Septiembre, para exigir a las autoridades intervenir para que les devuelvan sus terrenos. El abogado de los colonos, Jorge Cocom, informó que presentaron denuncia penal contra Eduardo Escalante y su hijo, Carlos Daniel Escalante Castillo, por supuesto despojo y lesiones contra seis personas, entre ellos un niño de 12 años y tres ancianos. Los dos detenidos tras el desalojo, Ranulfo Ramírez Naal y su hijo Marco Antonio Ramírez, fueron liberados la noche del jueves, y de acuerdo con la SSP de Campeche, se les arrestó “porque eran de los que estaban más violentos”. Unas cien personas intentaron llegar a San Antonio Ebulá en busca del anciano desaparecido y para recoger sus pertenencias, pero no pudieron acercarse porque siguen ahí los vigilantes, armados con piedras y palos. Se defienden los Escalante En conferencia de prensa, Concepción Sansores Ambrosio, apoderada legal de Carlos Daniel Escalante, negó que se usaran armas durante el desalojo, y sostuvo que el lugar es propiedad privada. Relató que personal de seguridad contratado por los Escalante acudió al poblado, pero se encontró con gente que respondió con agresiones, por lo que los guardias privados no hicieron más que defenderse, y dos elementos salieron heridos de bala. Pese a fotografías, negó que la personal de seguridad privada de los Escalante portara armas de fuego. “Se trató de un agresión en contra de ellos”, reiteró. Pese a las evidencias de destrucción de las chozas, negó que se causaran destrozos. En cuanto a la propiedad del predio, sostuvo que la autoridad judicial validó y ordenó su recuperación desde 2001, y los invasores retornaron en cuatro ocasiones. “Se tienen los dictámenes de la Secretaría de la Reforma Agraria y del Registro Agrario Nacional de que se trata de un predio particular, y se tiene las documentales de su origen en 1920”, señaló. http://www.jornada.unam.mx/2009/08/15/index.php?section=estados&article=026n2est 17 DE AGOSTO, 2009 Los compañeros Arnulfo Ramírez y su hijo Marco Ramírez del Frente en defensa de la tierra del pueblo de Ebulá ya fueron liberados por la Secretaría de Seguridad Pública. El pueblo de Ebulá está completamente destruido. Todas las casas fueron tumbadas, las pertenencias de la gente demolidas y sus animales asesinados. No quedó nada. El día de hoy, los compañeros del pueblo de Ebulá no tienen donde vivir, no tienen nada más que rabia y dignidad. Llamamos a los compañeros y compañeras adherentes a la Otra Campaña y a los hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena a que en la medida de sus posibilidades se solidaricen con los compañeros del Frente en defensa de la tierra del pueblo de Ebulá, ya sea enviando palabras de aliento, víveres y ropa o haciendo acompañamiento en el plantón que tienen frente al palacio de gobierno del estado de Campeche. Movimiento de Cultura Popular Mérida, Yucatán http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/2320
San Antonio Ebulá, arrasado por parapolicías protegidos por el Gobierno de CampecheInforme Preliminar del Equipo Indignación* Comunicado Ante el ataque perpetrado ayer 13 de agosto por cuerpos parapolicíacos protegidos por la Policía Preventiva del estado de Campeche contra el pueblo de San Antonio Ebulá, Campeche, cuyas casas fueron destruidas y sus habitantes agredidos y expulsados de su propia comunidad, el equipo Indignación presenta un informe preliminar de observación de derechos humanos. En el informe, el equipo Indignación denuncia que el gobierno del estado de Campeche, al proteger a grupos parapolicíacos al servicio del empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la posesión de las tierras en las que está asentado el pueblo de San Antonio Ebulá, viola gravemente por acción y por omisión los derechos a la integridad física, a la seguridad jurídica, a la propiedad y a la vivienda de los integrantes de ese pueblo maya, a quienes también conculca su derecho como pueblo indígena a decidir sobre su territorio. A un día de los hechos, los pobladores de San Antonio Ebulá se encuentran en situación de desplazados, sin lugar dónde estar y sin poder acceder a la población, que está tomada por los cuerpos parapolicíacos contratados por una empresa de seguridad privada al Servicio del empresario Eduardo Escalante, suegro del fallecido ex secretario de gobernación federal Juan Camilo Muriño. El gobierno del estado de Campeche está obligado a garantizar y proteger el reingreso de los ebulenses a su pueblo, a quienes deben restituírseles los daños materiales y morales que se les ha ocasionado, concluye Indignación en este informe preliminar de observación. El gobierno del estado de Campeche también debe ofrecer garantías de no repetición de los hechos, lo que implica sancionar a los particulares que cometieron este ilícito y a los servidores públicos que los protegieron, incluyendo altos mandos de la policía y funcionarios del gobierno estatal. Seis personas lesionadas, dos detenidas que fueron liberadas el mismo día y la pérdida completa de las viviendas y propiedades de los pobladores, incluyendo a sus animales, son algunos de los agravios cometidos ayer 13 de agosto contra los pobladores de Ebulá por cerca de cien parapolicías custodiados por alrededor de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva, al mando del comandante Samuel Salgado, de acuerdo con testimonios de los pobladores. El pueblo de San Antonio Ebulá se fundó desde 1968 y desde esa fecha los pobladores han estado realizando todas las gestiones necesarias para regularizar y tener certeza legal sobre sus tierras, sin haber sido atendidos cabalmente por las autoridades estatales y federales, quienes incluso han obstaculizado el proceso y los han amenazado. Aunque oficialmente aparece como “predio conocido como San Antonio Ebulá”, se trata de un pueblo, con todos los derechos que eso implica. Tan ha sido reconocido como pueblo por el propio gobierno, que al lugar acude regularmente una promotora de salud, algunos habitantes cuentan con programa de oportunidades, recientemente acudió Sedesol a ofrecerles pisos de cemento a 50 familias y sus habitantes tienen credencial de elector que exhiben como domicilio San Antonio Ebulá al menos desde 1991. En 2007 se dio un operativo similar, en el que se destruyeron más de 20 casas de la población. Hubo un acuerdo de reubicación, pero los pobladores de Ebulá fueron trasladados a una tierra que no cumplía con lo que les habían ofrecido, lo que también implica discriminació n, y decidieron ante la humillación retornar a su pueblo, en el que viven desde hace más de cuarenta años. A los agravios y las violaciones a sus derechos, se suma la inacción de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, que desde las 8:30 de la mañana del 13 de agosto recibió información del operativo y a la que Indignación solicitó su intervención inmediata desde esa hora. Hasta las dos de la tarde de ese día no se había presentado a la población y los habitantes dijeron que no recibieron visita de ninguna persona de dicho organismo, a pesar de que esa comisión tiene un expediente sobre Ebulá desde mayo pasado, cuando se dio otro operativo en el que se destruyeron seis casas y se detuvo a siete pobladores, cuatro de los cuales fueron liberados al día siguiente y, los demás, bajo fianza unas semanas después. Los pobladores de San Antonio Ebulá se han adherido a La Otra Campaña y a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, por lo que este evento está enmarcado también en el patrón de represión contra adherentes de esta iniciativa. *El Informe completo puede consultarse en www.indignacion. org.mx
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